43 medidas sirven como respuesta por parte del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes las distintas organizaciones profesionales agrarias, a las que considera como un conjunto "sólido y ambicioso", como compromiso con el campo español después de las distintas movilizaciones celebradas los pasados meses por distintos puntos de la geografía española.
Atendiendo a fuentes ministeriales, citan esta batería de medidas como "respuesta a las inquietudes puestas sobre la mesa en las distintas reuniones que ha mantenido con las tres organizaciones agrarias representativas del sector", en las que citan a Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Se trata a su vez del mensaje que el ministerio traslada tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de las propuestas de simplificación y de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC).
Entre las propuestas estrellas de la reforma, agrupada en siete bloques, el ministerio toca todos los palos que implicaban algunas de las grandes quejas del sector como la simplificación de los trámites de la PAC, el refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena de valor, mejoras del sistema de seguros agrarios y el refuerzo de las políticas del relevo generacional en el agro español.
A su vez, también se consolidan con distintas medidas de ayuda económico que van de la mano de la PAC, insistiendo el ministerio que "estas propuestas de medidas se suman a la mayor ayuda de Estado que ha dado nunca al sector agrario en España".
Dentro de la panoplia de medidas, algunas son especialmente relevantes como la exención de controles para explotaciones de menos de 10 hectáreas, lo que supondrá beneficiar a 345.000 agricultores, que implica el 55% de los perceptores de las ayudas de la PAC.
También se flexibilizan los criterios de los ecorrégimenes, así como la flexibilización del real decreto sobre nutrición de suelos. No obstante, lo que aún no está claro, a pesar de las intenciones del gobierno, es la situación respecto al comercio internacional de productos, uno de los caballos de batalla de las asociaciones agrarias, y que implicaría que los productos importados a Europa cumpliesen con los mismos requisitos medioambientales que el producto comunitario, lo que se conoce como cláusulas espejo.
No obstante, como se indica, son medidas que el ministerio quiere proponer a las administraciones comunitarias, pero que aún no se han manifestado sobre ello. Además de estas ideas, también la batería apunta a una mejora de las condiciones de los seguros agrarios y el refuerzo de la ley de la cadena de valor, impidiendo prácticas desleales, además de una nueva serie de créditos por valor de 700 millones de euros a través de distintas líneas de crédito.
Imágenes | Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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