El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha presentado hoy el plan definitivo de colaboración con la industria alimentaria que ya se anunció a finales del año pasado. El llamado 'Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas 2017-2020' prentende, como ha afirmado la ministra Dolors Monserrat, “marcar un antes y un después en España”.
Bajo el lema “Trabajando juntos para una alimentación saludable”, Gobierno e industria han acordado medidas conjuntas para mejorar la dieta de los españoles, que presenta unos niveles de sobrepeso y obesidad muy preocupantes, derivados de una mala alimentación rica en ultraprocesados. Así, la industria alimentaria se compromete a reducir, en los próximos tres años, el 10% del contenido de azúcar, sal, y grasas en más de 3500 productos, además de cumplir otras medidas. Pero, ¿será suficiente?
¿Cuáles son los objetivos de este plan?
La intención de este acuerdo de colaboración no ha cambiado desde que se anunció el plan: fomentar una alimentación más saludable entre la población reduciendo el consumo de azúcares, grasas y sal. La dieta rica en ultraprocesados insanos y, sobre todo, el excesivo consumo de azúcares en todos los rangos de edad, se ha convertido en un problema de salud pública.
La industria, a través de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), asegura estar comprometida “por una alimentación más variada, equilibrada y saludable”, y dicen llevar años trabajando en la mejora de la composición de sus productos, algo que ya nos afirmó por ejemplo Danone, y que resume así Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de FIAB:
"La iniciativa responde a la voluntad de una industria responsable, pendiente de los consumidores, que trabaja y realiza grandes esfuerzos desde hace años para mejorar la composición de sus productos desde la autorregulación del sector. Especialmente durante la última década, los fabricantes de alimentos y bebidas españoles han hecho considerables progresos en este campo, como la reducción que se ha conseguido en el contenido de azúcares, sal y de ácidos grasos trans de origen industrial en los alimentos de España."
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En la firma del plan, presentado a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), han participado más de 20 asociaciones de empresas de alimentación y bebidas, abarcando desde la fabricación y distribución de productos hasta servicios de restauración y vending.
La reducción del 10% de azúcares añadidos, grasas y sal se llevará a cabo en más de 3500 productos que se supone que representan el 44,5% de la energía diaria consumida por la población española, dividos en 13 grupos y 57 subcategorías. Es importante señalar que la reformulación de cada producto no puede conllevar un incremento de las calorías.
Además se destacan otros objetivos:
- Incrementar la oferta de menús o comidas más saludables fuera del hogar.
- Potenciar la colaboración voluntaria de las empresas.
- Fomentar la I+D dirigida a productos más saludables.
- Impulsar las buenas prácticas para mejorar nutricionalmente la dieta.
- Impactar sanitaria y socialmente en la cesta de la compra.
- Favorecer la coordinación de estas medidas con las administraciones.
- Contribuir a nivel europeo a mejorar la base científica y la recopilación de datos que impulse estas iniciativas y su seguimiento.
Es interesante que se planteen compromisos específicos en el ámbito de la restauración social -colegios, centros de pensión completa, empresas, cafeterías de servicios públicos...-, restauración moderna o distribución automática -máquinas de vending-, aunque las buenas intenciones iniciales podrían quedarse solo en eso, “compromisos” que acaben por diluirse.
¿Medidas insuficientes?
El recién presentado plan no ha tardado en generar respuestas poco entusiastas y críticas por parte de expertos en nutrición que cuestionan el compromiso real de la industria. Uno de los problemas que se le achacan es el que ya comentamos: reducir solo el 10% de azúcares añadidos de un ultraprocesado no convierte dicho producto en saludable. En muchos casos seguirá teniendo un exceso de azúcar y grasas.
A pesar de las buenas intenciones, ¿no se sigue contribuyendo a fomentar productos insanos con este plan? ¿Por qué no invertir más en promover alimentos y hábitos saludables? ¿No sería mejor poner impuestos a productos como las bebidas azucaradas y reducir el IVA de legumbres, frutas y verduras?
Está claro que la industria alimentaria es consciente de la presión que hay sobre los ultraprocesados y de cómo ha aumentado la preocupación de la población en temas como el azúcar añadido o las grasas saturadas y trans. Participar en medidas de este tipo podría ser una forma de autorregularse para evitar males mayores, como ya nos señaló el director de la ONG VSF-Justicia Alimentaria Global, Javier Gúzman.
Bienvenidas sean este tipo de iniciativas, pero quizá sí se queda la sensación de que podría hacerse mucho más con medidas más ambiciosas y globales. Reducir un 10% la cantidad de azúcares añadidos y grasas no va a cambiar mucho si no hay una política real de inversión en promover una alimentación saludable.
Estaremos atentos a los próximos meses para comprobar si la situación realmente está cambiando a nuestro alrededor. Habrá que esperar un poco más para saber si este plan de colaboración tendrá efectos positivos en los hábitos y la salud de la población española.
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