La Guardia Civil desarticula una red criminal que producía carne de caballos de desecho no apta para el consumo

La Guardia Civil y Europol han desarticulado una gran red criminal que operaba a nivel europeo produciendo e introduciendo en el mercado carne equina no apta para el consumo humano. En la bautizada como operación "Yucatán" se han detenido a 35 personas, investigado a seis empresas e incautado más de media tonelada de carne cuya trazabilidad era falsificada.

La explotación ganadera principal desde la que operaba esta organización, en la provincia de Valencia, actuaba clandestinamente, pues ya fue objeto de una actuación de las autoridades en el año 2019 cuando fue precintada al encontrar 80 caballos en situación irregular, maltratados y presentando diferentes enfermedades.

Caballos de desecho maltratados y subproductos no aptos para el consumo

Según ha informado la Guardia Civil, el cabecilla de la red se dedicaba a adquirir por toda España y a precios irrisorios caballos considerados de desecho, normalmente animales ya viejos sin prácticamente valor en el mercado, llegando a pagar apenas 100 euros por cabeza o consiguiéndolos incluso gratis.

Los caballos eran trasladados a la explotación ganadera, y después se distribuían por diferentes países europeos, entre ellos Bélgica, Italia y Alemania, así como a cebaderos en España para su engorde antes del sacrificio. Los animales eran sistemáticamente maltratados, sometidos a un estrés continuo y sin ninguna garantía de bienestar mínimo, sin proporcionarles acceso a agua o alimento.

Los miembros que formaban la organización criminal incluían transportistas, veterinarios, carniceros y responsables de mataderos que hacían lecturas erróneas de los animales, falsificando la documentación y produciendo y comercializando la carne a sabiendas de que no cumplía con los estándares de seguridad para el consumo, con el riesgo sanitario que implicaba.

Además, esa carne de caballo era mezclada con la llamada carne SANDACH, a base de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, incrementando los riesgos para la salud pública. La Guardia Civil estima que podían obtenerse hasta 1.500 euros por la venta de cada animal, manejando un volumen de negocio cercano a los 4.500.000 euros.

Se acusa a los detenidos y empresas investigadas de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, maltrato animal, delitos contra la salud pública y falsedad documental.

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